La Nación sigue con el acelerador a fondo para el desarrollo de su política de transición energética, pero todavía le queda mucho camino por recorrer para que dependa en buena medida de la electricidad limpia, más en lo que tiene que ver con el desarrollo de las plantas solares y parques eólicos.
Y aunque el presidente electo Gustavo Petro continúe insistiendo que en 12 años las energías limpias serán protagonistas de primer orden, lo cierto es que las fuentes renovables de energía todavía están demoradas para ser pieza clave dentro de la matriz de generación eléctrica del país.
“El lapso de 12 años es demasiado corto. Hay que seguir produciendo hidrocarburos y minerales en el país porque no entra en conflicto con las metas de cambio climático, y porque la demanda aún lo exige. Pero hay que estar preparados porque las energías renovables vienen ganando terreno y su dependencia será en 30 o 40 años. Es por esta razón que se llama transición y no radicalización energética”, explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.
A la fecha, el país ya completó 25 granjas solares, dos parques eólicos, 10 proyectos de autogeneración a gran escala y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de pequeña autogeneración, los cuales suman en total una capacidad instalada de 880 megavatios (MW) en operación, que es más de 30 veces lo que había en 2018 (28,8 MW), y cuyas inversiones desembolsadas para su desarrollo fueron por $3,1 billones.
Este paquete de iniciativas renovables es un primer paso en la dirección correcta para implementar la transición energética, como lo anunció recientemente el Ministerio de Minas y Energía (MME). Sin embargo, hay otros proyectos claves y relevantes de gran escala, como los que se desarrollan actualmente en La Guajira, que presentan atrasos.
La meta inicial trazada por la Nación es superar los 2.500 MW de capacidad instalada para finales del 2023 (es decir que a la fecha solo se ha cumplido con el 22% del objetivo), y cuyos proyectos necesitarían recursos por $8,68 billones en inversiones.
El balance también genera inquietud, ya que si se quiere cumplir entre 2025 o 2026 con una capacidad instalada en plantas solares y parques eólicos que llegue a los 4.500 MW, que representarían el 15% de participación de las energías limpias en la matriz de generación del sistema interconectado nacional (SIN), el total de inversiones que se requieren ascenderían a $15,81 billones (calculando valores similares a los invertidos hasta ahora).
Pero llama aún más la atención que, si la Nación proyecta en definitiva que el 30% de la matriz de generación del SIN sea exclusivo para las fuentes de energías renovables no convencionales y que representarían 9.000 MW de capacidad instalada, los dineros que se necesitan para este fin superarían los $30 billones.
En los tres escenarios, las inversiones, que vienen de capital privado, pueden aumentar si se tiene en cuenta que la cotización del dólar presenta una variación al alza, a lo que se suma la inflación que incrementa el precio de los insumos.
Y el panorama no está del todo despejado para el desarrollo de esta política de transición energética a mediano y largo plazo, ya que en las propuestas económicas del próximo gobierno el tema no se menciona.
Los cuellos de botella
Para los gremios del sector eléctrico, si bien la Nación en lo corrido del año ha dejado terminadas 14 plantas de generación renovable, y están para construcción en el segundo semestre otras 12, que hacen parte del paquete de obras adjudicadas que es 100 veces la capacidad instalada para la generación renovable no convencional en comparación con el 2018, como lo viene afirmando el ministro Mesa, lo cierto es que el país aún no consume de forma relevante esta energía limpia.
Y explica que son tres los cuellos de botella que llevarían al atraso de la entrada en operación comercial de las plantas eólicas y solares.
“Una de las causas en la demora es el procedimiento para tener conexiones a la red de transmisión nacional o de distribución, los cuales hicieron que el sistema anterior generara problemas en la autorización para entrar esa nueva capacidad de generación de energía eléctrica limpia al SIN”, señaló Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
El líder gremial explicó que actualmente la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) está resolviendo este tema con la Resolución 075 la cual establece los procedimientos que liberan la capacidad de transmisión que estaba comprometida con proyectos que “muy posiblemente” no se ejecutarán, y “plantea un procedimiento para la asignación de obligaciones a las empresas que tiene esta capacidad, y que se comprometan a ejecutar las iniciativas de generación”.
El segundo tiene que ver con la falta de un proceso de consulta previa efectivo y eficaz, el cual debió haber sido reglamentado por el Congreso de la República, y que en la actualidad por el contrario “sirve más para dilatar la expedición de la licencia ambiental.
“Esta situación ha producido retrasos considerables en casi todos los proyectos de generación de fuentes renovables, pero es particularmente complejo en regiones como La Guajira”, precisó el líder gremial.
El director ejecutivo de Andeg recordó que esta misma situación también se evidencia en los proyectos de transmisión, los cuales se requieren para reformar la red nacional o para conectar los proyectos.
“Por ejemplo, la línea Colectora, de la cual dependen varios proyectos eólicos en esta región del país para entregar su energía al SIN en la actualidad presenta retrasos los cuales se calculan de dos a tres años”, subrayó Castañeda.
A la fecha, esta línea de conexión tiene el aval de 140 comunidades para el tramo Cuestecitas – La Loma, y falta el proceso de consulta previa con otras 124 comunidades para el tramo Cuestecitas – Colectora.
De acuerdo con el personal técnico del Grupo Energía Bogotá (GEB), conglomerado que tiene a cargo el desarrollo de la iniciativa, se estima que la totalidad de la megaobra estaría en plena operación solo hasta finales del 2024 o inicios del 2025.
Y el tercer cuello de botella, que traen a colación los gremios del sector eléctrico tiene que ver con la composición actual de la matriz de generación, la cual en su mayoría recae en las centrales hidroeléctricas, plantas que son calificadas como renovables convencionales.
“Colombia cuenta con una matriz de generación en gran medida renovable, ya que es una de las más limpias del mundo gracias a la energía hidráulica desde hace más de 30 años y que representa cerca del 70% de la capacidad instalada del país”, señaló Natalia Gutiérrez, presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).
En el mismo sentido, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) indicó que “es importante resaltar que la transición energética tiene componentes y compromisos en varios sectores, del cual el sector energético no es el más importante, ya que la matriz energética es altamente renovable y limpia.
Y añadió que si bien se ha venido trabajando en impulsar una mayor generación renovable no convencional, principalmente en plantas eólicas y solares, y se han dejado importantes asignaciones de proyectos a implementar, “todas las iniciativas implican retos de diseño, licenciamiento, construcción y puesta en operación, que requieren un mayor tiempo al que optimistamente se les ha asignado para su desarrollo”.
Lo que falta
Los líderes gremiales del sector coincidieron en señalar que la Nación anda por el camino correcto para que a mediano plazo las energías limpias comiencen a ser un componente relevante en la generación. Sin embargo, dejan en claro que no es tan a la vuelta de la esquina como el presidente electo Gustavo Petro lo proyectó, a 12 años.
“El reto para el próximo gobierno es lograr la seguridad energética que no solo requiere el componente de renovables sino la confiabilidad que se obtiene para Colombia en épocas críticas en cerca de un 50% de las centrales hidroeléctricas y un 50% del parque térmico nacional. Además, se debe propender por que el proceso en la transición energética sea con seguridad en la oferta para garantizar la electricidad limpia en firme que necesita el país”, recalcó Fonseca de Asoenergía.
Fuente: El Colombiano